Off-Topics / Fuera de tema

La ley que promueve el Poder Ejecutivo sobre donación de órganos bajo consentimiento presunto puede tener cobertura jurídica, pero lleva a pacientes y médicos a la distorsión de criterios morales.





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Francisco Maglio, Carlos Gherardi. MEDICOS. MIEMBROS DEL COMITE DE BIOETICA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA



Cuando el Estado desde un "ethos" socializado impone a los ciudadanos la donación de órganos a través del consentimiento presunto invocando la Justicia, incurre en una confusión moral acerca de las obligaciones.

En efecto, Santo Tomás de Aquino cuando discierne sobre la constitución moral de las obligaciones define a la beneficencia como obligación imperfecta y no debe imponerse sobre la justicia, que es una obligación perfecta. Es más, afirma que la ley humana tiene como finalidad establecer la justicia y la paz en la comunidad y no está destinada a hacer buenos a los hombres.

Por eso, San Pablo en la Segunda Carta a los Corintios los invita a amar al prójimo por convicción en sus corazones y no porque lo mande la ley, ya que "la fuerza del pecado está en la ley que lo prohíbe".

En la filosofía moral kantiana toda persona tiene dignidad y no precio, es sujeto y no objeto, es un fin en sí mismo y no un medio para satisfacer necesidades sean ellas las que fuesen.

El consentimiento presunto puede ser legal pero no es ético, porque ignora la deliberación del donante y su familia y su posible respuesta, presumiéndola en un solo sentido. Incluso se incluye como testimonio posible en el nuevo proyecto de ley a (i) cualquiera que recibiere trato familiar, (ii) a cualquier persona amiga, (iii) a cualquiera con relación laboral, (iv) a cualquiera que estuviera con el causante al momento del deceso. Es decir, genéricamente a "cualquiera" .

La educación para la comprensión del fenómeno transplantológico y su implicancia en la cesión de un órgano propio para su efectiva realización parte de un concepto somatológico complejo por la consideración del valor identidad, por la disponibilidad del propio cuerpo y su carácter de derecho personalísimo. El órgano no es un insumo como el medicamento, una prótesis o un material descartable. Visualizado el problema desde el ángulo moral de la virtud que emana la solidaridad y del altruismo no parece haber nada más injusto e inmoral que promover la explicitación pública de la negativa a donar.

Promover la división de la sociedad en solidarios y egoístas, o en generosos y avaros violenta además el pleno derecho a la intimidad en una decisión que compromete valores personales de orden filosófico, religioso y cultural y otras cuestiones como la confianza en el poder público de regulación. Esta situación planteada entre los que llamamos "buenos" y aquellos rotulados como "malos" es tan nítida socialmente que quienes desde la bioética hoy se oponen públicamente al consentimiento presunto son interrogados en la discusión coloquial acerca de su posición personal sobre la donación e incluso sienten ellos mismos la necesidad de aclarar que son donantes si en verdad lo son. Es que pareciera razonable aclarar que aun siendo "bueno" se está dispuesto a defender a los "malos".

Así las cosas, los mensajes imperativos que presionan la libre decisión de la donación de órganos promueven sentimientos de culpa, apelan a un maniqueísmo (el donante es buena persona y el que no dona, mala) y se convierten en un chantaje moral.

El consentimiento informado, que debe ser explícito y no tácito ni implícito, es el dato saliente de la ética transplantológica, y es el reconocimiento moral y jurídico más idóneo para ejercer el derecho a imponer del cuerpo o de partes del mismo. Desde hace mucho tiempo muchos autores, como Diego Gracia, refutan la epistemología básica del consentimiento presunto, indicando que si es consentimiento no es presunto y si es presunto no es consentimiento.

Las estrategias para aumentar el pool de donantes cadavéricos deben consistir en la promoción colectiva de la conciencia solidaria sin generar presiones que vulneran la autonomía de las personas, para no crear una nueva quimera, con pretensiones de imponer solidaridad por decreto.

Finalmente, se ignora que según el último censo nacional nuestro país tiene un millón de analfabetos y cuatro millones de personas que no pueden comprender un texto, lo que imposibilita presumir que la comprensión de este problema será fácil por su falta de accesibilidad a la información pública, agravado por la circunstancia de que más de la mitad de la población se sitúa por debajo de la línea de pobreza, circunstancia por la que tampoco podrá deducirse entonces que su silencio significa asentir con la propuesta.

Fuente: Clarín

Creo que el artículo es bastante completo, faltaría la opinión de más profesionales del área médica.